La niña sin nombre, pobre, de 12 años ha sido obligada (manipulada) a seguir con un embarazo producto de una violación, hecho repudiado desde muchos espacios como una violación a los derechos humanos.
Sin embargo, el juez, el cura, y el médico se alinean en el no respeto a este derecho contemplado desde el Código Penal y desde tratados y convenciones que tienen jerarquía constitucional en nuestro país.
Un embarazo es visto como si fuese natural sin tener en cuenta el pensamiento y las relaciones con esa capacidad biológica ni la coerción o la violencia con que se ha producido. Todavía falta un largo camino para lograr la separación entre las políticas del Estado y los postulados de la Iglesia en lo referente a los derechos sexuales y reproductivos incluyendo el aborto inducido.
La Iglesia continúa ejerciendo una fuerte oposición a los proyectos que piden la despenalización. La jerarquía eclesiástica no se ha adaptado a la realidad de las mujeres, ni al hecho de que un gran porcentaje de los/las creyentes católicos/as no está de acuerdo con sus postulados sobre el aborto.
Me pregunto cuántos casos realmente existen por cada uno que toma estado público donde se niega el aborto cuando es legal o no punible. El Estado debe formar jueces, médicos/as, docentes en relación con los derechos humanos de las mujeres.
Hasta hace poco este irrespeto dejaba a los autores gozando de absoluta impunidad. Sabemos que hay cinco médicos imputados en Santa Fe por no atender la salud de Ana María Acevedo que murió de un cáncer no tratado debido a que no fue considerada digna de derechos y se privilegió la vida en gestación.
El caso conocido en 2006 como LMR, la joven discapacitada embarazada por una violación, aun teniendo autorización judicial (que no es necesaria) le negaron el aborto obligándola a recurrir al circuito clandestino, exponiendo su salud y su vida.
Hoy el caso ha sido admitido en el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Estado reconoce que se violaron derechos humanos.
Cuántos casos más necesitaremos para que se regule desde el Ministerio de Salud de la Nación el aborto cuando es legal, cuántos tendrán que llegar a las Cortes nacionales e Internacionales para que el Parlamento regule por ley lo que es obvio, destrabando las trabas burocráticas e ideológicas.
La penalización del aborto afecta de manera distinta a mujeres según sus recursos económicos, discriminando a quienes por carecer de medios deben recurrir a un aborto inseguro.
Al Estado le corresponde garantizar los derechos fundamentales y promover la justicia social mediante políticas y leyes adaptadas a la realidad social, sin pretender imponer una sola verdad. por Marta Alanís (Católicas por el derecho a decidir)
Publicado por Miradas al Sur
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