El juez Ferrer avaló el vía crucis de la víctima no autorizando el aborto no punible.
Con 12 años fue víctima de un feroz abuso sexual. El autor: su padrastro. La nena de Mendoza, que vive gracias a un plan asistencial, pudo guardar en secreto ese trauma tan sólo por unos días.
Es que un atraso menstrual le advertiría, más tarde, que estaba embarazada. Y habló. Su madre, al enterarse, la llevó al hospital y pidió a los profesionales que le realizaran un aborto. Pero no sabía que, justo, en esa institución opera un Comité de Bioética integrado por grupos “pro-vida” de tendencia antiabortista, la mayoría ultracatólicos que, por esencia, no prevén en su doctrina hechos concretos que ampara el Código Penal. El caso llegó al juez Germán Ferrer, que la semana pasada, tras hacer una lectura estricta y detallista del inciso b del artículo 86 sobre el aborto no punible, dispuso la continuidad de ese embarazo, fruto de la peor aberración que puede sufrir cualquier niño en su infancia: la violación sexual. A mediados de julio pasado, la niña fue atacada al salir de la es¬cuela por un hombre encapuchado que la condujo a un descampado. Allí la violó. El violador resultó ser nada menos que la pareja de su madre, un custodio de 50 años. Al dar cuenta del embarazo, el 31 de agosto su madre la llevó al hospital Humberto Notti sin saber que la historia recién comenzaba. “Ya internada, unas 25 personas ingresaron a su habitación y le entregaron folletos con imágenes de fetos destruidos y bebés muertos. Están en contra del aborto aun en casos terribles como éste”, relató a Miradas al Sur Rosana Rodríguez, de la fundación Las Juanas y las otras. Desde el Notti no supieron precisar quién autorizó el ingreso de este grupo a la habitación. “Igual, los que hablaron con la niña fueron estudiantes de la aristocrática Escuela Murialdo y otros colegios católicos”, aseguró a este diario una fuente cercana a la causa. Cierto es que la iniciativa no fue de esos “chicos bien”. Detrás, hay pediatras y residentes que actuaron con complicidad, como, por ejemplo, un hombre llamado Eduardo Cattáneo, de la ONG mendocina Vida Más Humana –que festejó la decisión del juez ante el diario La Nación–, el cura Ricardo Poblete, que trabaja también en bioética, y hasta incluso el mismo Comité de Bioética de ese hospital que preside Marta Fracapani. Todos se declaran contra toda interrupción aunque la ley lo contemple. Pediatra particular, Fracapani es la titular de la Maestría de Bioética de la Facultad de Medicina de Cuyo e integrante del Instituto de Bioética de la UCA, desde donde surgió el llamado Manual para el Amor que, por caso, se manifiesta en contra de la homosexualidad, del uso del preservativo y de otros anticonceptivos. Claro que del aborto también. Poblete, cura conocido en esa ciudad por su vinculación con esos grupos, trabaja con ella. “La presión que ejercieron los grupos pro-vida junto con los del Opus Dei es aterradora.No es casual que la nena haya ingresado con su mamá denunciando una violación, pidiendo la interrupción del embarazo y que luego respondiera ante el juez todo lo contrario. “No es casual que hayan apartado a la madre y a la abogada inicial durante la internación”, señaló Mario Vargas, sociólogo y miembro de Vanguardia Queer, ONG que trabaja con la problemática de género y diversidad sexual, y adherentes al trabajo del Inadi. “Además de ingresar a la habitación violentando la decisión de la niña, también realizaron cadenas de oración en la puerta del hospital pidiendo “no aborto”, aseguró Vargas. Tanto él como Rodríguez remarcaron que, pese a que algunos medios de comunicación los tildaron de “abortistas ”, no están a favor del aborto “porque sí”, sino en cuestiones como éstas. Coincidió Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir, quien refirió que aun sabiendo de la postura cerrada de ciertos sectores de la Iglesia, “desde el Concilio Vaticano II, la libertad de conciencia, el reconocimiento a la pluralidad y el respeto a la diversidad ganaron un gran espacio en la Iglesia”. Y por eso es que rescatan la coherencia entre la fe y el trabajo que realizan en pos del derecho a decidir, convencidas de que la Iglesia no es monolítica. Esos principios no se reflejaron en la actuación del juez que, “para proteger a la niña del violador”, la aisló tres semanas de su madre y de Patricia González, abogada de ellas y apartada del caso por la Justicia. El magistrado olvidó así protegerla de esos fundamentalistas que irrumpieron en su habitación. Este hecho no pudo justificarlo pero sí pudo decir sobre el dictamen: “La nena dijo que quiere tener al bebé porque no quiere que el feto sufra daños ni sufrir ella trastornos psicológicos”. “Nada dijo sobre el aspecto jurídico”, señalaron desde Las Juanas. El inciso b señala que “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, podrá requerirse el aborto. Pero, al igual que los médicos, se hizo una lectura acorde a quienes violentaron la decisión de la pequeña sin tampoco rever los tratados y convenciones que desde la reforma de 1994 deben garantizar los derechos del niño. por Gabriela Juvenal
publicado en Miradas al Sur 21/09/08
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